La vitivinicultura en la provincia de Buenos Aires atraviesa un punto de inflexión. El avance de los viñedos en distintas regiones del territorio bonaerense convive hoy con un modelo de agricultura extensiva que, en algunos casos, encuentra límites concretos para coexistir sin reglas claras. La aplicación de herbicidas hormonales como el 2,4-D en campos vecinos expone con crudeza esa tensión y pone en riesgo una producción que requiere años de inversión antes de entrar en plena actividad.
No se trata de una discusión técnica ni de un problema aislado entre productores. El periodismo agropecuario viene advirtiendo desde hace tiempo que estos productos pueden desplazarse con el viento y el calor, afectando cultivos sensibles ubicados a varios kilómetros del lugar donde se aplican. En el caso de la vid, los efectos no siempre son inmediatos, pero sí profundos: deformaciones, pérdida de vigor y, en muchos casos, la muerte de las plantas.
En la provincia de Buenos Aires, municipios como General Villegas, Balcarce, Tandil, Trenque Lauquen, General Pueyrredón, Carhué y Junín ya debieron discutir y legislar sobre esta problemática. Allí donde la vitivinicultura comienza a consolidarse como una alternativa productiva, la falta de reglas específicas para la convivencia con la agricultura tradicional empieza a mostrar sus límites.
A diferencia de los cultivos anuales, un viñedo no admite margen de error. Cada aplicación indebida puede significar años de trabajo perdidos, replantaciones costosas y un horizonte productivo que se aleja. Por eso, el debate ya no pasa solo por la buena o mala praxis, sino por la necesidad de políticas públicas, controles efectivos y acuerdos territoriales que reconozcan la diversidad productiva del campo bonaerense.
El portal especializado Bichos de Campo viene señalando desde hace tiempo que los herbicidas hormonales —en especial el 2,4-D— presentan niveles de volatilidad que hacen que el daño no siempre sea visible de inmediato, pero sí persistente y difícil de revertir, incluso cuando las aplicaciones se realizan dentro de los lotes autorizados.
El vino de la provincia avanza, gana visibilidad y construye identidad. Pero para que ese crecimiento sea sostenible, el Estado —en todos sus niveles— deberá asumir que el desarrollo productivo también implica poner límites.
La lucha de los productores vitivinícolas recién comienza. Hoy son pocos, pero la vitivinicultura tiene una fuerte exposición mediática y cuenta con una masa crítica de enófilos, periodistas, empresarios y figuras públicas con capacidad de amplificar el reclamo. En ese contexto, las autoridades municipales y provinciales deberán poner las barbas en remojo y dar respuestas antes de que el conflicto escale.
Por Marcelo Chocarro
