En un contexto de creciente preocupación por la violencia en las aulas, el Gobierno de Mendoza presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que propone modificaciones al Código de Contravenciones para sancionar el acoso escolar. La iniciativa no sólo apunta a los menores que ejercen bullying, sino que pone el foco en los adultos responsables de su crianza, estableciendo multas económicas y trabajo comunitario para quienes no intervengan ni acompañen en la corrección de estas conductas.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Educación que conduce Tadeo García Zalazar, contempla sanciones de hasta $2.100.000 y hasta 50 días de trabajo comunitario para padres, madres o tutores de menores que incurran en actos de violencia escolar. La medida busca generar un compromiso activo por parte de las familias en la prevención, intervención y reparación del daño que genera el acoso entre estudiantes.
“El bullying no es una travesura. Es una forma de violencia que deja huellas profundas. Por eso avanzamos con este proyecto: la escuela no puede enfrentar esto sola. Necesitamos familias comprometidas y presentes”, expresó García Zalazar al presentar la iniciativa, acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
La normativa se presenta en medio de una seguidilla de hechos alarmantes en distintas escuelas de la provincia. Uno de los más graves ocurrió el pasado 10 de septiembre en la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, cuando una alumna de 14 años ingresó armada, disparó al aire y se atrincheró durante varias horas, generando una situación de extremo riesgo. Días después, en una escuela de Guaymallén, otra adolescente llevó una réplica de arma al aula, reavivando el debate sobre la violencia escolar y los mecanismos de prevención.
En paralelo a la iniciativa legislativa, el Gobierno también dio a conocer una actualización del Protocolo de Actuación para casos de bullying, que deberán aplicar todas las instituciones educativas. Este documento establece un procedimiento claro ante situaciones de acoso, desde la detección temprana hasta el seguimiento posterior, pasando por la comunicación inmediata con las familias y la elaboración de planes de intervención urgentes.
El protocolo incluye criterios para evaluar la gravedad de cada caso y establece mecanismos para derivar a los alumnos involucrados a equipos especializados, organismos de protección de derechos o incluso a la Justicia provincial, según corresponda.
Como parte del abordaje integral, se prevé también la convocatoria obligatoria de los adultos responsables a instancias de mediación y talleres de parentalidad. Estos espacios funcionarán como herramientas de reflexión, formación y prevención de futuras situaciones de violencia.
La estrategia gubernamental se apoya en tres pilares: prevención, intervención inmediata y posvención. Promueve la construcción de entornos escolares basados en la convivencia pacífica, con actividades de sensibilización y contención tanto para víctimas como para agresores, a quienes se busca reeducar sin caer en la estigmatización.
El proyecto surge tras incidentes relevantes, como el caso de la adolescente armada en una escuela de La Paz
El trasfondo de esta batería de medidas tiene además un componente judicial: en junio, un fallo sin precedentes en Mendoza condenó a la Dirección General de Escuelas a indemnizar con 4,5 millones de pesos a la familia de una niña de 11 años víctima de acoso escolar en una escuela de Godoy Cruz. La jueza Jorgelina Iérmoli Blanco sostuvo en su resolución que el Estado tiene la obligación de actuar con eficacia para garantizar la protección de los niños, subrayando el deber de las instituciones educativas de velar por el bienestar de sus estudiantes.
Con este nuevo marco normativo, Mendoza se propone trazar una línea clara entre la indiferencia y la acción, y hacer que la comunidad adulta asuma su rol protagónico en la erradicación del bullying escolar. La Legislatura será ahora la encargada de debatir un proyecto que, de convertirse en ley, podría sentar un precedente en todo el país.
Por equipo de Saber Salir
