El Teatro Colón no solo es un símbolo cultural de la Ciudad de Buenos Aires. También es una máquina de hacer turismo y dinero: sus visitas guiadas reciben más de 300.000 personas por año y son una vidriera global. En ese contexto, una licitación millonaria -$ 2.200 millones- para manejar ese negocio clave quedó en el centro de un escándalo que hoy tiene la atención de la Justicia, de las empresas participantes y de la política porteña.
La licitación en cuestión es la del “servicio de conducción de visitas guiadas” del Teatro Colón, identificada como proceso N° 541-0949-LPU25. El Ente Autárquico Teatro Colón lanzó el llamado el 30 de octubre de 2025 y abrió las ofertas el 14 de noviembre. El objetivo: regularizar un servicio que venía siendo prestado por una empresa privada y ponerlo en competencia entre varios jugadores.
Se presentaron tres ofertas para un mismo servicio, pero con números muy distintos. Autotransportes Andesmar SA ofertó 1.444.148.640,08 pesos. Torus SRL propuso 1.840.282.210,88 pesos. Y PBG Travel & Events SRL, el actual prestador, pidió 2.289.300.000 pesos. Es decir: PBG ofreció el precio más alto de las tres, “superando ampliamente a sus competidoras”.
A pesar de esa diferencia, la comisión evaluadora del Teatro Colón recomendó preadjudicar el servicio a PBG Travel & Events SRL. Esa decisión quedó plasmada en un acta del 7 de enero de 2026 y fue luego publicada en el Boletín Oficial y en el portal Buenos Aires Compras. Para los otros participantes, la señal fue inmediata: algo no cerraba.
Torus SRL, uno de los oferentes, decidió ir a fondo. La empresa sostiene que solo pudo ver una parte del expediente de la licitación y que “los fundamentos técnicos completos no habrían sido accesibles en su totalidad para los restantes oferentes”. Según su planteo, el dictamen que favoreció a PBG menciona informes contables, legales y técnicos que “no fueron acompañados en forma completa ni puestos efectivamente a disposición”.
Torus también cuestionó la oferta más baja, la de Andesmar. Asegura que esa propuesta no cumplía requisitos importantes del pliego y que contenía valores de “imposible cumplimiento real” para operar dentro del Colón. Desde la mirada de Torus, aceptar esa oferta barata en lugar de descartarla distorsionó el sistema de puntajes y terminó, paradójicamente, beneficiando a la empresa más cara: PBG.
La situación se tensó todavía más cuando Torus afirmó que parte de sus propios escritos no aparecían en el expediente al que pudo acceder. La firma denunció que el expediente estaba “segmentado y parcial” y que eso hacía imposible reconstruir toda la historia de la licitación. También señaló que, en el sistema Buenos Aires Compras, no habría estado habilitada la función para cargar la impugnación, lo que en los hechos bloqueó su derecho a cuestionar la preadjudicación en tiempo y forma.
Ante este escenario, la empresa llevó el caso al fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y pidió una medida cautelar. El juzgado ordenó suspender los plazos para impugnar la preadjudicación y garantizar el acceso completo a los informes y documentos usados para elegir a PBG Travel & Events SRL. Mientras el organismo del Colón asegura haber enviado la documentación, Torus insiste en que sigue incompleta.
El capítulo político llegó por otro lado. La dueña de PBG Travel & Events SRL, la empresa preadjudicataria, es Patricia Vicenta Pécora. Integra la sociedad junto a Adolfo Boada Aguirre y Cristian Carlos González, todos funcionarios nombrados por el mismo Hernán Lombardi como Ministro de Turismo.
En redes sociales pueden verse fotos de Pécora festejando su cumpleaños con Hernán Lombardi, hoy ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad. Y, según su propio perfil profesional, “Patricia Pécora es, al día de hoy, funcionaria en el Ministerio de Desarrollo Económico que conduce Hernán Lombardi”. Un escándalo de una dimensión que podría complicar la reelección del Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Hoy, la licitación de las visitas guiadas del Teatro Colón está en pausa, bajo una medida cautelar y con el expediente judicial todavía en trámite. El teatro sigue recibiendo turistas y manteniendo su brillo histórico, pero una de sus principales fuentes de ingresos y de contacto con el público quedó atrapada en un debate incómodo para el gobierno porteño: cómo se asignan contratos millonarios, qué tan transparente es el proceso y qué pasa cuando la política, los negocios y la cultura se cruzan en el mismo escenario.
Por el equipo de Saber Salir
