Un juez federal ha procesado este jueves a Alberto Fernández, presidente de Argentina entre 2019-2023, por presunta corrupción en la contratación de seguros para el Estado mediante intermediarios privados que cobraron comisiones millonarias. El procesamiento abre un nuevo y complejo escenario judicial para Fernández, ya investigado en una causa por violencia de género contra la exprimera dama, Fabiola Yáñez.
Según la legislación argentina, el procesamiento supone que un juez ha encontrado pruebas suficientes para iniciar un juicio penal contra una persona. Las partes deben ahora presentar sus pruebas y argumentos hasta la elevación de la causa a juicio oral. Fernández defendió siempre su inocencia. Antes de finalizar su mandato, se jactaba incluso de que sería uno de los pocos presidentes argentinos que no serían investigados por corrupción al dejar su cargo, en un tiro por elevación a los procesos judiciales que por entonces enfrentaba la expresidenta Cristina Kirchner, hoy condenada a seis años de cárcel.
Los presuntos delitos investigados comenzaron a partir de un decreto de Fernández de finales de 2021 que obligó al Estado a contratar pólizas a través de Nación Seguros, de capitales públicos. La Justicia sospecha que ese decreto habilitó la contratación de intermediarios que percibieron comisiones millonarias por encima del valor de mercado.
El juez a cargo, Sebastián Casanello, apuntó contra 40 imputados que, según dejó escrito, intervinieron “en forma coordinada en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
Según una auditoria de Nación Seguros, los intermediarios que más comisiones recibieron desde 2020 fueron Bachellier, Héctor Martínez Sosa y Compañía, Castello Mercuri, San Ignacio y TG Broker. “En conjunto, las cinco acumulan 2.782.170.946 (3,1 millones de dólares, al cambio de ese momento) percibidos en comisiones de Nación Seguros SA desde 2020, sobre 3.453.302.777 (unos 3,9 millones de dólares) del total, representando más del 80%”, subrayó la investigación.
Fernández es sospechoso por el vínculo de amistad que le une a uno de los intermediarios de seguros investigados, Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria, María Marta Cantero.
Fue justamente tras la apertura del teléfono celular de Cantero que la justicia dio con fotos de Fabiola Yáñez, ex esposa de Fernández, con evidencias de haber sido golpeada. La causa por violencia de género contra el presidente comenzó de oficio como colateral a la causa de los seguros. En abril pasado, un tribunal federal rechazó por dos votos contra uno la apelación presentada por Fernández contra su procesamiento, dictado en febrero, por violencia de género. A finales de junio, la fiscalía dio por concluida la etapa de instrucción. Fernández espera ahora la fecha de inicio del juicio oral.
