La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) es un organismo público privado que se origina en la ley 25.849, con un plan estratégico vitivinícola (2000-2020) que tenía objetivos específicos y estaba integrado por las distintas cámaras y actores de la vitivinicultura, con un alto grado de representación.
Con el correr del tiempo, el organismo se fue haciendo cada vez más grande y costoso. La estructura pasó de tener una oficina en el edificio de la Bolsa de Comercio a tener más de medio piso en alquiler con distintos despachos y empleados.
Los objetivos para los que se creó no fueron cumplidos ni remotamente, con desviaciones que superaron los parámetros lógicos. En todo ese tiempo, el organismo se fue volviendo costoso e ineficiente para lo que fue creado.
Los distintos programas que se fueron ofreciendo (Proviar, por ejemplo) fueron orientados a sectores específicos, como el cooperativismo, dejando fuera a otros sectores o modelos de gestión, ya sea por motivos explícitos o por trámites burocráticos y demás; los planes no eran accesibles.
Los actores que la componían diferían en la forma y programas que se generaban por lo que la conducción y representación fue teniendo cada vez más inconvenientes, críticas cruzadas, culminando en denuncias de distintos tipos y rupturas con varias organizaciones, las cuales fueron parte importante en su conformación.
Poco a poco, Coviar fue dejando de ser un programa estratégico modelo sectorial para convertirse en un organismo de manejo e interés político, con poca representación, con gastos superfluos. Basta con ver los “desayunos” de la Coviar en época de vendimia, alquilando un lujoso hotel, invitando a cientos de personas con mayor, menor y hasta nula vinculación con la industria, simplemente con objetivos de lobbies políticos sin ningún tipo de sentido, pero con un costo altísimo. Un show donde muchos de los actores de la industria no nos sentimos ni representados ni interesados en participar pero que estuvimos “forzados a pagar”.
Por si esto no fuese suficiente, su extensión fue muy polémica, ya que finalizaba en 2020 y, en medio de varias críticas y con muy poca representación, pero amplio apoyo político, se extendió y se volvió a obligar a todos a mantenerla.
Muchas de las empresas y actores independientes que pertenecemos al sector vitivinícola hemos visto cómo nuestra industria se ha ido reduciendo y deteriorando, bodegas y viñedos abandonados y varios en situación crítica, lejos del escenario de la Coviar.
En recientes publicaciones se puede ver que organismos y cámaras privadas muy importantes de gran adhesión, como Bodegas de Argentina y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este (aclaro que son organismos y cámaras a las que no pertenezco), rechazan seguir participando de Coviar, lo cual confirma que hay un sector muy grande de la industria que está “obligado” a pagarla y no está de acuerdo con sus políticas, representación ni su continuidad.
Independientemente de si la Coviar es más o menos de mi agrado, lo que venimos a solicitar es que todas esas decisiones, actividades y eventos sean financiados por aquellos sectores que los consideren valiosos.
Coviar, para mantenerse, tiene un aporte estatal por un lado y otro privado que es obligatorio. Es más, este organismo tiene la potestad de inhabilitar a las bodegas que no lo hagan, impidiendo que las mismas puedan comercializar, transportar o disponer de productos de su propiedad; una aberración a la propiedad privada cuya potestad no es atribuida a ningún otro organismo.
Con todo esto, no estoy solicitando que se elimine la Coviar. Si sus actores creen que sus programas, planes y estructura son valiosos, es muy respetable, pero no nos obliguen a todos a financiarlos. Desde nuestra perspectiva, este organismo no suma valor a nuestro trabajo, pero respetamos a quienes así lo consideran y lo sostienen. Simplemente no queremos vernos obligados a financiarlo.
Es curioso ver cómo distintos actores defienden la Coviar, pero en la mayoría de los casos son cámaras cuyos integrantes o representados no están alcanzados por el costo y financiación del mismo organismo. Otros son asesores o integrantes de la estructura de la Coviar que cobran por su trabajo allí o empresas e instituciones que se benefician por los programas que se incluyen.
Cuando vemos que la Mesa de Enlace defiende la Coviar es paradójico entender que todas las federaciones que la componen son financiadas por distintos asociados privados que, de manera voluntaria, hacen aportes para el mantenimiento de las mismas y sus actividades.
Los miembros encuentran en esas organizaciones sentido de pertenencia y valor agregado que las motiva a aportar ideas, esfuerzos y fondos para sostenerlas. Creemos que en este caso debería ser igual y sorprende que defiendan modelos coercitivos que no estén, como ellos, enfocados en generarle valor a sus asociados para que estos participen de manera voluntaria.
Más allá de las críticas que se pueda hacer a la Coviar, nadie pide que se elimine o desparezca, y esto nada tiene que ver con ataques a las instituciones, simplemente una gran parte de los actores que estamos obligados a aportar a la Coviar, creemos que no es útil, no cumplió los objetivos para los que fue creada y no estamos dispuestos a pagar por su sostenimiento. Hay distintas formas de asignar recursos, pero la más ineficiente sin lugar a dudas es gastar dinero ajeno, como entendemos, desde nuestro punto de vista, es el caso de Coviar.
Si distintos actores se ponen de acuerdo en un proyecto con ciertos objetivos y los resultados del mismo son muy distantes de los planeados, los conflictos lógicamente no tardan en llegar y ese proyecto o se reformula con todos sus integrantes o desaparece como tal, para reformularse con aquellos integrantes que así lo deseen, estableciendo nuevas metas y escenarios. Pues bien, invitamos a los interesados en participar que lo hagan y a los que no, se nos respete la libertad y el derecho a tomar un rumbo distinto.
Fuente: losandes.com.ar
