El Gobierno nacional dio por finalizado el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI), creado por la Ley N.º 25.849, al considerar que su vigencia terminó en 2020 y que no correspondía seguir extendiéndolo sin una aprobación formal.
A través de esta decisión, se eliminan los aportes obligatorios que establecía el artículo 10 de esa ley, que eran pagados por bodegas y establecimientos vitivinícolas para financiar el plan. También se ordena al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dejar de cobrarlos de inmediato.
La resolución además establece que la extensión del plan impulsada por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) solo se reconoce parcialmente y queda cerrada en forma definitiva.
En ese marco, COVIAR deberá presentar en un plazo de 3 meses un informe final completo, detallando el uso de los fondos, las acciones realizadas y el nivel de cumplimiento de los objetivos.
Otro punto clave es que los recursos que hayan quedado sin utilizar pasarán al INV, para evitar que queden sin control o con un destino indefinido.
En síntesis, el Gobierno cierra un esquema que funcionó más allá de su plazo legal, elimina su financiamiento obligatorio y exige transparencia sobre el manejo del dinero.
Por Marcelo Chocarro
