El acuerdo alcanzado con la justicia estadounidense por el creador de WikiLeaks, Julián Assange, que pondrá fin a su persecución judicial supone no solo la puesta en libertad del hacker australiano sino la clausura de un proceso que iba más allá de una injusta situación particular porque se había convertido en una referencia mundial contra el intento de coaccionar la libertad de información.
Assange, de 52 años, sobre el que pesaba una petición de extradición de Estados Unidos a Reino Unido —donde permanecía en prisión hasta el lunes, cuando quedó en libertad—, se ha declarado culpable de un cargo de violación de una ley de espionaje estadounidense —aplicada raramente y nunca a periodistas— por su papel en la obtención y publicación en 2010 de documentos militares y diplomáticos clasificados.
Se trata de un delito castigado con hasta 10 años de prisión, aunque lo previsible es que la condena final no alcance ese número y sea además condonada debido al tiempo que el responsable de WikiLeaks ya ha pasado en la cárcel. EE UU renuncia así a su estrategia de acusar a Assange de 18 delitos, uno por intromisión en un ordenador de propiedad federal y otros 17 contra la ley de espionaje. Unos cargos por los que podría haber sido condenado a 175 años de prisión después de que Washington diera garantías a Londres de que no se le aplicaría la pena de muerte.
Parte del material objeto de la persecución estadounidense fue publicado, en una operación coordinada, por varios de los principales medios del mundo, The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y EL PAÍS, en lo que supuso una de las mayores revelaciones periodísticas mundiales sobre los objetivos y métodos del Departamento de Estado de EE UU, destapando en ocasiones hechos y políticas que tenían poco que ver con la versión oficial dada desde Washington. Se trató, por tanto, de un ejercicio del legítimo derecho a la información en las sociedades democráticas.
Desde entonces, la reacción de las diferentes administraciones estadounidenses —republicanas y demócratas— se había convertido en la piedra de toque de una estrategia que, amparada nominalmente en el procesamiento de un individuo concreto, trataba en realidad de amedrentar a los medios de comunicación.
Queda aún por culminarse el acuerdo judicial y que la situación de Assange —que ya está, libre, en Australia— esté definitivamente resuelta, pero, en cualquier caso, ha terminado un calvario personal después de 11 años de procesos judiciales, diversos encarcelamientos y siete años de refugio en la embajada de Ecuador en Londres, durante los cuales fue objeto de espionaje las 24 horas al día, según reveló EL PAÍS.
Aunque con el sabor agridulce de que Assange haya tenido que declararse culpable de un delito de espionaje que siempre negó —con las implicaciones que esto pueda tener en futuros casos similares—, es una excelente noticia el fin de la persecución de una figura clave de la libertad de prensa en un momento en el que el derecho a la información está muy amenazada a nivel global.
Fuente: elpais.com
