Durante años, el vino fino se consolidó como uno de los activos alternativos favoritos de los inversores sofisticados. Botellas de Burdeos, Borgoña o Champagne compradas en primeur, guardadas en depósitos fiscales europeos y revendidas con el paso del tiempo como si fueran oro líquido. Un mercado elegante, silencioso y, en apariencia, seguro, apoyado en una premisa tan simple como tranquilizadora: si pagás el vino, es tuyo.
Pero hacia fines de 2025 esa certeza empezó a resquebrajarse.
El 19 de diciembre, la firma londinense Oeno Group, dedicada a la comercialización e inversión en vinos de alta gama, informó —por pedido del Servicio de Normas Comerciales de la Corporation of the City of London— que había dejado de operar. El comunicado incluyó un dato desconcertante: solo el 20% del vino de los clientes estaba almacenado en cuentas individuales a nombre de cada propietario. El resto no tenía identificación clara.
La pregunta se volvió inevitable y casi absurda: ¿cómo puede alguien pagar por un vino… y que ese vino no sea realmente suyo?
La respuesta está en una diferencia técnica que muchos compradores nunca se detienen a considerar: la distancia entre “factura” y “propiedad”. En el universo del vino de inversión, tener un comprobante de compra o un certificado de autenticidad no garantiza que esas botellas estén físicamente identificadas a tu nombre. En muchos casos, el stock se guarda en cuentas colectivas, mezclado con el de otros clientes, bajo una lógica financiera más parecida a un fondo que a una cava privada. El inversor posee un derecho económico sobre una cantidad de vino, pero no necesariamente sobre cajas concretas y localizables.
Cuando eso ocurre, todo funciona mientras la empresa funciona. Pero si el intermediario cae, la situación cambia de golpe: el vino puede no estar identificado, no existir en la cantidad prometida o quedar atrapado en un proceso concursal. En ese escenario, el supuesto propietario deja de ser dueño y pasa a ser apenas un acreedor más.
De ahí que la palabra clave sea custodia. Operadores logísticos como Octavian Wine Services, dirigidos por ejecutivos como Vincent O’Brien, insisten desde hace años en la importancia de la segregación física y legal del vino. Cajas numeradas, cuentas individuales, depósitos fiscales independientes del comerciante y trazabilidad completa. Bajo ese esquema, aunque el broker desaparezca, el vino sigue siendo del cliente porque nunca dejó de estar registrado a su nombre.
El problema es que el mercado del vino premium se construyó históricamente más sobre la reputación que sobre la auditoría. Procedencia, confianza y prestigio fueron durante décadas garantías suficientes. Mientras los precios subían, pocos inversores preguntaban dónde estaban exactamente sus botellas o bajo qué estructura jurídica se almacenaban. El caso Oeno expuso esa fragilidad: la fe tácita en que “el vino debe estar ahí”.
Para los argentinos, además, todo este debate resulta todavía más ajeno. Aquí el modelo prácticamente no existe. El vino se compra, se retira o te lo mandan y se guarda en casa, en una cava, debajo de la cama o en el garage. El vínculo es físico, cotidiano y cultural. No hay tradición de wine funds, custodia bonded ni cajas que cambian de manos sin moverse de un depósito subterráneo a miles de kilómetros. Por eso, la idea de haber pagado por un vino que nunca viste y cuyo paradero desconocés suena, directamente, inverosímil.
Sin embargo, a medida que el vino se globaliza como activo financiero, esa lógica empieza a ganar terreno también fuera de Europa. Y el episodio deja una lección incómoda para todo el sector: en el negocio del vino de inversión, la propiedad sin custodia demostrable es apenas una promesa. Y en un mercado donde la procedencia puede duplicar —o destruir— el valor de una etiqueta, la falta de registros claros no es un detalle administrativo, sino un riesgo sistémico.
Quizás el mayor impacto del caso no sea económico, sino cultural. Recordarle a una industria acostumbrada al prestigio y la confianza que, incluso en el mundo del lujo, el vino también necesita papeles.
Por Marcelo Chocarro